Una nueva muerte registrada al interior del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 16 de Michapa volvió a colocar bajo los reflectores al único penal federal femenil del país, donde la sucesión de fallecimientos ha encendido las alertas de organismos defensores de derechos humanos, instituciones públicas y familiares de las internas, quienes desde hace años cuestionan si las investigaciones oficiales han sido suficientes para esclarecer lo ocurrido.
La muerte más reciente fue reportada nuevamente como un presunto suicidio por ahorcamiento, un patrón que se ha repetido en la mayoría de los casos registrados en este centro penitenciario. Sin embargo, la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CIDHM) sostiene que toda muerte violenta de una mujer bajo custodia del Estado debe investigarse inicialmente como posible feminicidio, aplicando el Protocolo de Minnesota y la perspectiva de género, debido a que la autoridad penitenciaria tiene la responsabilidad legal de proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas privadas de la libertad.
La preocupación no es reciente. El 28 de diciembre de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 276/2023, dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y a la Fiscalía General del Estado de Morelos, tras documentar la muerte de 13 mujeres entre julio de 2021 y diciembre de 2023. En dicho documento, el organismo nacional acreditó violaciones a los derechos humanos relacionadas con la protección de la vida, la salud física y mental, la integridad personal y el acceso a la justicia, además de señalar deficiencias en la prevención del suicidio, falta de atención médica y psicológica especializada, omisiones en la vigilancia de mujeres identificadas con riesgo suicida y fallas en las investigaciones ministeriales.
Lejos de detenerse, la crisis continuó. Diversas investigaciones periodísticas publicadas por medios nacionales documentaron que durante 2024 siguieron registrándose fallecimientos dentro del penal, elevando el número de mujeres muertas bajo custodia federal. Reportajes sustentados en expedientes oficiales, testimonios de familiares y documentos de organismos públicos revelan que la mayoría de los casos fueron clasificados oficialmente como suicidios por asfixia por ahorcamiento, presuntamente utilizando sábanas, prendas de vestir u otros objetos disponibles dentro de las celdas. No obstante, organizaciones civiles han advertido que la repetición de este patrón exige investigaciones mucho más profundas e independientes.
El diario El País publicó una serie de investigaciones donde expone testimonios de mujeres privadas de la libertad que denunciaron permanecer hasta 23 horas diarias en aislamiento, recibir atención psiquiátrica insuficiente, enfrentar crisis emocionales sin acompañamiento especializado y presentar solicitudes de ayuda que, según los reportajes, no siempre fueron atendidas oportunamente. Asimismo, el Instituto Federal de Defensoría Pública ha documentado las condiciones de vulnerabilidad psicológica que enfrentaban diversas internas, mientras familiares de las víctimas aseguran que varias mujeres habían manifestado previamente temor por su seguridad y por las condiciones de reclusión.
La propia CNDH advirtió durante sus investigaciones que el Cefereso 16 concentraba uno de los mayores índices de riesgo suicida dentro del sistema penitenciario federal. En sus visitas encontró decenas de mujeres identificadas con factores de riesgo que requerían atención especializada permanente, situación que obligaba a las autoridades penitenciarias a reforzar los protocolos de prevención. A pesar de ello, las muertes continuaron ocurriendo.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos ha insistido en que no basta con clasificar los casos como suicidios sin agotar todas las líneas de investigación. Su vocero, José Martínez Cruz, ha señalado públicamente que existen expedientes donde se describen lesiones cuya naturaleza debe analizarse cuidadosamente mediante peritajes especializados y ha reiterado que corresponde al Estado demostrar que cumplió con su obligación de proteger la vida de las mujeres bajo su custodia.
El caso ha trascendido al ámbito legislativo. El Congreso del Estado de Morelos aprobó exhortos dirigidos a las autoridades competentes para acelerar las investigaciones y esclarecer las circunstancias de los fallecimientos, mientras legisladores federales también han solicitado revisar las condiciones del penal y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH.
Hoy, el Cefereso 16 enfrenta algo más profundo que una sucesión de expedientes. Enfrenta una crisis de confianza. Cada nueva muerte alimenta la exigencia de transparencia, rendición de cuentas y justicia. Mientras las investigaciones continúan y las autoridades sostienen la hipótesis del suicidio en la mayoría de los casos, organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y diversos especialistas coinciden en una demanda fundamental: que ninguna muerte de una mujer bajo custodia del Estado sea cerrada sin una investigación científica, independiente y exhaustiva.
Porque cuando una persona pierde la vida dentro de un centro penitenciario, no sólo se investiga la causa de la muerte. También se investiga la responsabilidad del Estado en su deber de proteger a quienes se encuentran bajo su custodia. Y esa es, hasta hoy, la gran deuda pendiente en el Cefereso 16 de Michapa.
