La diputada de Morena sostuvo que liberar a un detenido bajo coacción extrema para salvar a servidores públicos no significa impunidad. Su argumento revive el precedente de 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respaldó la liberación del hijo de “El Chapo” en Culiacán para evitar más muertes.
En una decisión que vuelve a poner sobre la mesa el dilema entre capturar a un presunto delincuente y proteger vidas, la diputada Jazmín Solano López defendió la liberación de un presunto generador de violencia durante los hechos del lunes en Totolapan, luego de que integrantes de grupos criminales privaran ilegalmente de la libertad a cuatro servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Morelos.
“Salvar la vida de servidores públicos secuestrados no constituye un acto de debilidad; constituye una obligación jurídica y moral”, afirmó la legisladora de Morena durante la sesión ordinaria del Congreso.
Su postura trae a la memoria lo ocurrido en Culiacán, en octubre de 2019, cuando, tras la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, las autoridades lo dejaron en libertad en medio de una violenta reacción criminal. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión y sostuvo que se había privilegiado la vida de la población.
Para Solano López, el caso de Totolapan debe analizarse como una situación extrema, sin confundir la decisión de proteger a los servidores públicos con una renuncia del Estado a hacer justicia. Aseguró que la liberación no extingue la obligación de perseguir delitos, cumplir órdenes judiciales y llevar ante la justicia a quienes amenazan la paz pública.
La diputada también advirtió que la violencia en el corredor de Los Altos de Morelos es resultado de un proceso de años, marcado dijo por omisiones, negligencias y posibles complicidades de autoridades. Señaló como muestra los procesos contra personas vinculadas al ejercicio del poder municipal en zonas afectadas por la violencia, entre ellas Atlatlahucan y Cuautla.
Su mensaje plantea una exigencia de dos frentes: proteger la vida cuando existe un riesgo inminente y, después, investigar, perseguir y presentar ante la justicia a quienes generan violencia. El desafío para las autoridades será demostrar que una decisión tomada bajo presión no se convierte en impunidad ni en una concesión permanente frente al crimen.
