El gobierno municipal de Cuernavaca, encabezado por José Luis Urióstegui Salgado, vuelve a quedar exhibido por la mala ejecución y supervisión de la obra pública. Apenas comenzaron a instalarse los nuevos paraderos de transporte que fueron anunciados como un proyecto moderno, incluyente y seguro, cuando la propia administración aceptó que al menos tres tendrán que ser retirados y construidos nuevamente porque no cumplen con las dimensiones establecidas ni cuentan con espacios adecuados para personas con discapacidad, una falla que, increíblemente, pasó desapercibida para el personal encargado de supervisar una obra pagada con recursos públicos.
El proyecto contempla la instalación de 100 paraderos con una inversión superior a los 9.2 millones de pesos, lo que significa que cada estructura tiene un costo cercano a los 93 mil pesos. Sin embargo, pese al elevado presupuesto destinado por el Ayuntamiento, las primeras obras ya presentan errores que obligarán a desmontarlas y volverlas a construir, dejando en evidencia la falta de control y de vigilancia sobre una obra que desde el inicio fue presumida como un ejemplo de modernización urbana.
La explicación ofrecida por el secretario de Obras Públicas, Demetrio Chavira de la Torre, resulta difícil de justificar para los ciudadanos. Aseguró que todo se debió a una “confusión” entre la empresa contratista y el personal de supervisión, reconocimiento que confirma que nadie verificó que los paraderos cumplieran con las especificaciones del contrato antes de ser colocados. En cualquier administración eficiente, ese tipo de errores se detectan durante la construcción, no cuando las estructuras ya fueron instaladas y exhibidas ante la población.
Aunque el Ayuntamiento sostiene que la empresa realizará las correcciones sin generar un gasto adicional, la realidad es que el costo de estos errores lo termina pagando la ciudadanía con retrasos, molestias y obras mal ejecutadas. Además, los recursos humanos, el tiempo invertido y las afectaciones a la movilidad representan un costo que difícilmente puede ocultarse bajo el argumento de que “no habrá un peso más de inversión”.
Lo ocurrido con los paraderos no es un hecho aislado. Durante la administración de José Luis Urióstegui se han acumulado proyectos entregados con deficiencias, en calles y avenidas como el reencarpetamiento de la calle Abasolo, que tuvo que rehacerse por incumplir con las especificaciones técnicas, así como el denominado Corredor Seguro, entregado sin iluminación suficiente, con banquetas inconclusas y sin todos los sistemas de seguridad prometidos. Ahora, la historia vuelve a repetirse con un proyecto millonario que ni siquiera ha concluido y que ya requiere ser reconstruido.
Mientras el gobierno municipal presume obras de “primer nivel”, los hechos reflejan una constante preocupante: proyectos caros, supervisión deficiente, errores reconocidos por la propia autoridad y trabajos que deben rehacerse antes de cumplir su objetivo. En una ciudad con múltiples necesidades en infraestructura, servicios públicos y seguridad, resulta inevitable que la ciudadanía cuestione si el Ayuntamiento está administrando con eficiencia los recursos públicos o si la improvisación se ha convertido en el sello de la actual administración.
