Mientras la rectora Viridiana Aydeé León Hernández recorrió las instalaciones universitarias para supervisar el inicio del curso propedéutico y dar la bienvenida a las y los aspirantes de nuevo ingreso, la realidad que enfrenta la comunidad universitaria continúa generando cuestionamientos sobre las prioridades de la administración central.
Aunque el mensaje institucional habla de “espacios seguros” y de una “atención integral”, diversos hechos de inseguridad registrados en los alrededores y, en algunos casos, dentro del entorno universitario han provocado preocupación entre estudiantes, docentes y padres de familia, quienes demandan medidas más eficaces que los recorridos protocolarios.
La principal exigencia no es una fotografía institucional, sino resultados concretos en materia de prevención del delito, vigilancia, iluminación, transporte seguro y coordinación con las autoridades de seguridad pública para proteger a miles de universitarios.
A ello se suma el escrutinio sobre el ejercicio del presupuesto universitario para 2026. Sectores de la comunidad han planteado la necesidad de transparentar con mayor detalle la asignación de recursos destinados a seguridad, infraestructura, mantenimiento, equipamiento y programas de apoyo estudiantil. La administración universitaria tiene la responsabilidad de explicar cómo se distribuyen los recursos públicos y cuáles son los indicadores que demuestran que el gasto responde a las necesidades más urgentes de la institución.
Otro de los temas que comienza a generar debate es la captación de recursos propios durante el proceso de admisión 2026. De acuerdo con la convocatoria institucional, el costo de las fichas de ingreso fue de 950 pesos para aspirantes externos y de 850 pesos para egresados de preparatorias de la propia universidad. Si se considera que cada año participan alrededor de 15 mil aspirantes, la captación por este concepto podría ubicarse en el orden de más de 14 millones de pesos, sin contar los ingresos adicionales obtenidos por los cursos propedéuticos que diversas unidades académicas ofrecen a los aspirantes, cuyos costos varían según el programa.
Precisamente por tratarse de recursos públicos y propios de la universidad, especialistas en transparencia consideran indispensable que la Rectoría informe con claridad cuánto ingresó efectivamente por concepto de fichas, cuánto se obtuvo por los cursos propedéuticos y cuál fue el destino específico de esos recursos. La comunidad universitaria tiene derecho a conocer qué porcentaje se destinó al fortalecimiento de la seguridad, a la instalación de sistemas de videovigilancia, iluminación, mantenimiento de instalaciones, contratación de personal de vigilancia y programas preventivos.
La llegada de una nueva generación de estudiantes representa también una prueba para el liderazgo universitario. Más allá de los discursos de bienvenida, la comunidad espera garantías de que podrá estudiar en un ambiente seguro, con servicios de calidad y con una administración que rinda cuentas de manera transparente sobre el uso de los recursos que recibe y de los ingresos extraordinarios que genera.
En un contexto de crecientes demandas por mayor seguridad y transparencia, corresponde a la Rectoría responder con información verificable, resultados medibles y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La confianza de la comunidad universitaria dependerá, en buena medida, de la capacidad de la administración para demostrar que los recursos captados se traducen en mejores condiciones para estudiantes, docentes y trabajadores, y que la seguridad dejó de ser un discurso para convertirse en una prioridad institucional.
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