Mientras el cambio climático avanza y el propio Gobierno de Morelos presume una política de protección ambiental, la Secretaría de Desarrollo Sustentable apenas inicia la actualización del instrumento que debería ordenar el crecimiento, defender el agua y frenar la devastación territorial
Por :Roberto Albarrán
Morelos tardó años en mirar de frente una realidad que sus bosques, barrancas, ríos, manantiales y comunidades padecen diariamente: el territorio está cambiando más rápido que los documentos oficiales encargados de protegerlo.
El secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré, anunció el inicio de la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos, conocido como POEREM, presentándolo como un “momento histórico” para definir dónde conservar, dónde producir y hacia dónde permitir el crecimiento urbano.
Sin embargo, detrás del discurso institucional aparece una pregunta inevitable: ¿por qué hasta ahora?
El Gobierno estatal sostiene que el programa dejó de responder a las condiciones actuales del territorio y que sus inconsistencias han dificultado proyectos de vivienda, infraestructura, inversión privada y obra pública. Es decir, la autoridad admite que Morelos ha tomado decisiones territoriales con un instrumento desfasado mientras avanzaban la urbanización, la deforestación, la presión inmobiliaria, la escasez de agua y los efectos del cambio climático.
La primera contradicción aparece incluso en las cifras oficiales.
La información de esta reunión asegura que el POEREM lleva 14 años sin actualizarse; no obstante, el decreto mediante el cual fue expedido se publicó en septiembre de 2014. Entre aquella fecha y junio de 2026 han transcurrido cerca de 12 años, no 14.
Puede tratarse de una referencia a estudios o diagnósticos elaborados con anterioridad, pero la Secretaría de Desarrollo Sustentable tendría que explicarlo. En asuntos de planeación territorial, las fechas, los mapas y los datos no son detalles menores: son la base sobre la cual se autorizan o se rechazan proyectos que pueden transformar de manera irreversible una comunidad.
Dupré tampoco puede presentarse como un funcionario ajeno al problema. Él mismo ha reconocido públicamente que el cambio climático ya está presente, que los fenómenos extremos son cada vez más intensos y que es necesario pasar de la conciencia a la acción.
Por eso resulta contradictorio que la dependencia responsable del medio ambiente apenas se encuentre en la etapa inicial de actualización del principal instrumento estatal para regular el uso del suelo.
Le recordamos a Alan Dupre que el cambio climático no apareció ayer.
Hoy las lluvias más intensas, las temporadas de calor extremo, los incendios forestales, la disminución de la disponibilidad de agua, la pérdida de vegetación y el crecimiento desordenado llevan años lanzando advertencias. Morelos no necesitaba otro discurso para reconocerlas; necesitaba planeación, vigilancia y decisiones firmes.
El problema no es solamente tener un documento antiguo. El verdadero riesgo consiste en que, durante su actualización, el ordenamiento ecológico termine convertido en un mecanismo para liberar terrenos y facilitar inversiones, en lugar de funcionar como una barrera técnica frente a proyectos ambientalmente inviables.
La declaración de Alan Dupré merece una lectura cuidadosa: “Nuestro objetivo no es prohibir, sino regular de manera adecuada”.
La frase parece razonable, pero también obliga a preguntar qué se regulará, bajo qué criterios y en beneficio de quién.
Regular no puede significar flexibilizar restricciones para permitir nuevos desarrollos habitacionales en zonas con estrés hídrico, recarga de acuíferos, riesgo de inundación, valor agrícola o importancia ecológica. Tampoco debe convertirse en una puerta para justificar cambios de uso de suelo bajo el argumento de generar inversión y vivienda.
Un verdadero ordenamiento ecológico no se diseña para que todo proyecto encuentre acomodo. Se construye para establecer límites y determinar qué actividades son compatibles con la capacidad real del territorio.
Ahí se medirá si Alan Dupré es un auténtico defensor ambiental o solamente un administrador del discurso sustentable.
La actualización tendrá que incorporar información sobre disponibilidad y calidad del agua, corredores biológicos, áreas naturales protegidas, riesgos por incendios e inundaciones, pérdida de cobertura vegetal, expansión urbana, contaminación, temperatura, sequías y capacidad de los municipios para prestar servicios públicos.
También deberá aclararse qué instituciones académicas elaborarán los estudios, cuánto costará el proceso, cuál será el calendario, qué mecanismos de participación ciudadana se implementarán y de qué manera se evitará que intereses inmobiliarios, políticos o empresariales capturen las mesas de trabajo.
No basta convocar a presidentes municipales.
La voz de comunidades agrarias, pueblos indígenas, productores, investigadores, ambientalistas y habitantes afectados por la urbanización debe tener el mismo peso que la de quienes buscan desarrollar vivienda, infraestructura o proyectos privados.
El propio Gobierno estatal colocó “Vida y Medio Ambiente” como uno de los ejes de su planeación. Por tanto, actualizar el POEREM no debería presentarse como una concesión extraordinaria, sino como una obligación básica que debió atenderse desde el comienzo de la administración.
Es cierto que el abandono del programa no nació con el gobierno actual. La responsabilidad se extiende a administraciones anteriores que permitieron que el instrumento perdiera vigencia frente a una realidad territorial cambiante.
Pero esa herencia no exime a Alan Dupré.
Desde octubre de 2024 ocupa la dependencia encargada de proteger el patrimonio natural del estado. Ahora debe demostrar que la actualización no será otra sucesión de reuniones, fotografías y declaraciones destinadas a prolongarse hasta el final del sexenio.
Morelos requiere fechas, presupuesto, estudios públicos, mapas consultables, indicadores y decisiones concretas.
La ciencia ya resolvió el debate fundamental: las actividades humanas, principalmente mediante las emisiones de gases de efecto invernadero, han provocado inequívocamente el calentamiento global. Lo que permanece sin resolver es si los gobiernos tendrán la voluntad de traducir ese conocimiento en límites territoriales y políticas públicas.
Desde este medio de comunicación le decimos a Alan Dupré que el cambio climático ya llegó.
La pregunta es si su política ambiental también llegará a tiempo.
Porque mientras los funcionarios actualizan documentos, el territorio no espera: los árboles caen, el agua disminuye, las ciudades avanzan y las comunidades continúan pagando las consecuencias de una planeación que siempre parece comenzar demasiado tarde.
