Ambientalistas, académicos e investigadores cierran filas contra Altoverde y acusan que Cuernavaca podría perder uno de sus últimos pulmones verdes
Por Roberto Albarrán
La defensa de La Cazahuatera dejó de ser una inconformidad vecinal y se convirtió en una exigencia formal, técnica y social: 34 organizaciones ambientalistas, investigadores y directivos de instituciones académicas solicitaron oficialmente que el predio de casi 5 hectáreas sea declarado Área Natural Protegida, antes de que el concreto avance sobre uno de los últimos pulmones verdes de Cuernavaca.
La petición fue presentada ante la Presidencia Municipal de Cuernavaca y dirigida también a autoridades ambientales estatales y federales, con el objetivo de impedir que este espacio natural sea destinado al proyecto habitacional Altoverde, promovido por el grupo Portenta.
De acuerdo con información pública, el desarrollo contemplaría la construcción de seis torres de hasta 15 pisos, viviendas de alto nivel, una posible zona hotelera y amenidades privadas. Para las organizaciones firmantes, el proyecto representa una amenaza directa contra el equilibrio ambiental de la capital morelense.
Entre quienes respaldan la solicitud se encuentran investigadores y directivos de instituciones como el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la UAEM y el CRIM de la UNAM, lo que fortalece el peso técnico y científico del llamado.
La exigencia es clara: La Cazahuatera no debe convertirse en negocio inmobiliario, sino en patrimonio natural protegido para la ciudad.
Mientras especialistas, vecinos y ambientalistas advierten sobre el impacto ecológico, la postura del alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha sido señalada por sectores ciudadanos como complaciente frente al proyecto Altoverde. Antes de que concluyan los dictámenes ambientales, el edil ha salido a justificar el desarrollo bajo el argumento de la propiedad privada, dejando en segundo plano el derecho colectivo a un medio ambiente sano.
La crítica ciudadana es cada vez más dura: Cuernavaca no necesita autoridades que actúen como escudo político de los intereses inmobiliarios, sino gobiernos capaces de defender sus barrancas, árboles, zonas de recarga hídrica y espacios verdes.
El caso de La Cazahuatera ya no es sólo una disputa por un terreno. Es una prueba de fuego para saber de qué lado está el gobierno municipal: del lado de la ciudad y su futuro ambiental, o del lado del concreto, la plusvalía y los desarrollos de élite.
Hoy, 34 organizaciones levantan la voz para frenar lo que consideran un posible ecocidio urbano. Y la pregunta que queda sobre la mesa es contundente:
¿Cuernavaca conservará su pulmón verde o permitirá que Altoverde lo convierta en cemento?
