La administración municipal encabezada por José Luis Urióstegui Salgado enfrenta uno de los señalamientos más delicados de su gestión, luego de que la Auditoría Superior de la Federación detectara irregularidades que obligan a aclarar el uso de más de 111 millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2024.
Las observaciones no son menores. Alcanzan áreas clave como recolección de basura, obra pública, adquisiciones, seguridad y manejo de recursos federales, colocando bajo escrutinio la operación financiera del Ayuntamiento de Cuernavaca.
El caso más relevante se concentra en el servicio de residuos sólidos, donde se identifican casi 90 millones de pesos vinculados a un contrato que, según la autoridad fiscalizadora, carece de acreditación suficiente en aspectos fundamentales: concesión o permiso vigente, dictámenes ambientales y respaldo legal para la operación del servicio.
No se trata de un simple trámite administrativo. La ASF exige demostrar que los recursos públicos fueron asignados a un proveedor con sustento legal, ambiental y operativo, en un servicio esencial que impacta directamente en la vida diaria de la población.
Hasta el momento, el gobierno municipal deberá precisar elementos clave: quién fue el proveedor, bajo qué procedimiento fue contratado, qué permisos presentó, qué autoridad validó su operación y qué funcionarios autorizaron los pagos.
A este escenario se suma otro señalamiento por 21.3 millones de pesos del FAISMUN, relacionados con obras que, al momento de la revisión, no se encontraban concluidas ni en funcionamiento. Es decir, recursos federales ejercidos en infraestructura que no estaba operando para la ciudadanía.
Estas observaciones se dan en un contexto donde el manejo de residuos en Cuernavaca ha sido motivo constante de inconformidad ciudadana: recolección irregular, quejas por el servicio y costos elevados.
La administración municipal aún cuenta con la posibilidad de solventar las observaciones. Sin embargo, esto implicará presentar documentación clara y verificable: contratos, permisos, dictámenes, entregables y evidencia del uso correcto de los recursos.
Hoy, más que cifras, lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía.
