En un momento donde ejercer el periodismo y defender los derechos humanos implica riesgos reales, el diputado Luis Eduardo Pedrero González lanzó una ofensiva legislativa para cerrar brechas legales y fortalecer de fondo la protección a periodistas, personas defensoras y colectivos de búsqueda en el estado.
Desde tribuna del Congreso, el legislador fue contundente: las leyes no pueden seguir rezagadas frente a una realidad que exige respuestas inmediatas. Por ello, presentó dos iniciativas clave que apuntan a modernizar el marco jurídico y garantizar condiciones más seguras para quienes informan, defienden y buscan verdad y justicia.
La primera propuesta ataca un problema de fondo: la desactualización legal. Pedrero planteó reformar la Ley Orgánica del Congreso para eliminar referencias a instituciones que ya no existen, como la extinta Procuraduría General de Justicia, y alinearla con la actual Fiscalía General del Estado. Esta corrección no es menor: significa dotar de certeza jurídica al actuar institucional y evitar vacíos que debiliten la aplicación de la ley.
Pero el eje central de su propuesta va más allá: blindar a quienes hoy están en la primera línea de riesgo. En ese sentido, presentó una iniciativa para fortalecer la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, incorporando mecanismos de coordinación directa con instancias nacionales como el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Con esta reforma, se busca que las alertas no se queden en el papel: que haya comunicación inmediata, intercambio de información y activación de protocolos conjuntos en tiempo real ante cualquier amenaza o situación de riesgo.
Pedrero dejó claro que no se trata de crear más burocracia, sino de hacer que lo existente funcione mejor. La iniciativa no implica gasto adicional, pero sí un cambio estratégico en la forma en que las instituciones reaccionan frente a la violencia y la impunidad.
En un contexto donde la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos enfrentan presiones constantes, esta propuesta se perfila como un paso decisivo para fortalecer el Estado de Derecho en Morelos.
“Proteger a quienes informan, a quienes defienden y a quienes buscan, no es opcional: es una obligación del Estado y una condición indispensable para que exista democracia”, sentenció el legislador.
Hoy, desde el Congreso, se envía un mensaje claro: en Morelos, la voz de la verdad no debe callarse… debe protegerse.
