Fernando Blumenkron Escobar presume más cateos, detenciones y judicializaciones, pero su Segundo Informe Semestral deja interrogantes sobre 4 mil 766 investigaciones enviadas a archivo temporal, 99 víctimas sin localización reportada y el destino de más de mil 120 millones de pesos autorizados para la Fiscalía. Diputados de distintas bancadas exigieron explicaciones ante una institución que incrementa su actividad, pero todavía no presenta indicadores públicos suficientes para demostrar que está reduciendo estructuralmente la impunidad.
La Fiscalía General del Estado enfrenta una de las preguntas más incómodas para cualquier institución encargada de procurar justicia: ¿de qué sirven miles de investigaciones, cientos de detenciones y decenas de operativos si las familias siguen esperando respuestas y no existe información suficiente para comprobar que la impunidad está disminuyendo?
A un año de haber asumido el cargo, el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar compareció ante el Congreso de Morelos para presentar los resultados de una institución que asegura encontrarse en reconstrucción. Sin embargo, detrás de los incrementos porcentuales y las cifras de actividad ministerial, su informe dejó pendientes que los legisladores colocaron en el centro del debate.
El documento correspondiente al periodo del 7 de febrero al 6 de agosto de 2026 reporta 28 mil 14 carpetas de investigación iniciadas, mil 632 asuntos judicializados, 706 vinculaciones a proceso y 226 sentencias condenatorias.
Son resultados que acreditan trabajo institucional, pero no permiten determinar, por sí mismos, qué porcentaje de las investigaciones abiertas durante ese semestre terminó en una resolución judicial ni cuánto disminuyó el rezago acumulado.
La Fiscalía contabiliza expedientes, operativos y resoluciones; lo que todavía necesita demostrar es cuánto se ha reducido la distancia entre denunciar un delito y obtener justicia.
¡4 MIL 766 CARPETAS AL ARCHIVO TEMPORAL! ¿QUÉ RESPUESTA RECIBEN LAS VÍCTIMAS?
Uno de los datos más sensibles del informe es el envío de 4 mil 766 investigaciones a archivo temporal, una determinación que abrió cuestionamientos sobre el seguimiento de los delitos denunciados.
La diputada Andrea Gordillo Vega exigió conocer los resultados reales de la institución, mientras Luz Dary Quevedo Maldonado cuestionó las razones por las que miles de expedientes llegaron a esa condición.
El archivo temporal no significa jurídicamente que una investigación esté cerrada para siempre. La legislación permite retomarla cuando existan nuevos elementos. Sin embargo, para las víctimas, la pregunta es otra: ¿qué está haciendo la Fiscalía para obtener esos elementos y evitar que sus denuncias permanezcan indefinidamente sin avances?
Blumenkron planteó la creación de una unidad especializada para revisar expedientes archivados y determinar cuáles pueden reactivarse o judicializarse.
La propuesta abre una posibilidad de seguimiento, pero su eficacia dependerá de resultados verificables: cuántas carpetas se revisan, cuántas se reabren, cuántas llegan ante un juez y cuántas producen una resolución.
La promesa de revisar expedientes no equivale todavía a resolverlos.
¡99 VÍCTIMAS SIN LOCALIZACIÓN REPORTADA! EL DRAMA DE LAS DESAPARICIONES
La crisis de desapariciones fue otro de los puntos que colocaron al fiscal frente a cuestionamientos directos.
El diputado Daniel Martínez Terrazas recordó que el informe registra 402 carpetas relacionadas con 434 víctimas, de las cuales 335 fueron localizadas.
La diferencia es contundente: 99 personas permanecen sin localización reportada dentro del universo presentado.
Pero existe una pregunta todavía más delicada: ¿cuántas de las personas localizadas fueron encontradas con vida y cuántas sin vida?
El informe difundido tampoco permite conocer con precisión cuánto tiempo transcurrió antes de cada localización ni cuáles fueron los resultados judiciales contra los responsables de las desapariciones.
La Fiscalía reportó avances en genética forense y trabajos de identificación humana, particularmente en el panteón Pedro Amaro, en Jojutla. No obstante, procesar muestras biológicas y recuperar indicios no es lo mismo que identificar personas y devolver sus restos dignamente a sus familias.
La verdadera medida del avance forense debe estar en las identificaciones confirmadas, las restituciones dignas y las respuestas entregadas a las familias.
¡JUSTICIA RÁPIDA PARA UNOS, ESPERA PARA OTROS! LUZ DARY QUEVEDO EXIGE EL MISMO TRATO PARA TODAS LAS VÍCTIMAS
La diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, puso sobre la mesa uno de los cuestionamientos más sensibles de la comparecencia: la diferencia aparente en la velocidad de respuesta institucional entre investigaciones de alta exposición pública y otros casos que permanecen pendientes.
Al referirse a investigaciones que registraron avances en pocos días, la legisladora exigió que esa misma capacidad de actuación se extienda a todas las víctimas, sin importar nacionalidad, condición económica, cargo público o atención mediática.
Su señalamiento no demuestra por sí solo que exista trato privilegiado. Sin embargo, plantea una exigencia concreta de transparencia: publicar cuánto tarda la Fiscalía en investigar homicidios, feminicidios y otros delitos, y explicar por qué determinados expedientes avanzan con mayor rapidez.
La justicia no debería depender de que un caso se convierta en noticia nacional para recibir atención oportuna.
¡LA EXTORSIÓN SIGUE GOLPEANDO A CUAUTLA! DETENCIONES NO SIGNIFICAN QUE EL DELITO ESTÉ RESUELTO
En materia de extorsión, la Fiscalía presentó 135 personas detenidas, 52 cateos, 103 vinculaciones a proceso y sentencias contra 41 personas.
Los resultados representan acciones concretas contra este delito. Sin embargo, los cuestionamientos legislativos evidenciaron que el problema continúa afectando especialmente a municipios de la zona oriente.
La diputada Eleonor Martínez Gómez advirtió que muchas víctimas tienen miedo de denunciar y propuso mecanismos de denuncia digital con protección de identidad, investigadores especializados y acompañamiento a comerciantes.
Por su parte, Nayla Carolina Ruíz Rodríguez pidió conocer los resultados específicos del Plan Cuautla.
La pregunta no es solamente cuántos presuntos extorsionadores han sido detenidos, sino si los comerciantes y las familias están recuperando condiciones de seguridad para trabajar y vivir sin amenazas.
Sin indicadores comparables sobre denuncias, victimización, reincidencia y resultados judiciales, el incremento de operativos no permite establecer por sí solo que el fenómeno criminal haya disminuido.
¡MÁS DE MIL 120 MILLONES DE PESOS! ¿CUÁNTO SE TRADUCE EN INVESTIGACIONES EFECTIVAS?
La diputada Andrea Gordillo Vega llevó el debate al terreno presupuestal.
Para 2026, la Fiscalía de Morelos recibió una asignación autorizada de mil 120 millones 804 mil 804 pesos con 72 centavos, recursos destinados a sostener sus áreas ministeriales, operativas, periciales y administrativas.
La legisladora exigió conocer cuánto dinero había recibido efectivamente la institución, cuánto había ejercido y qué proporción se destinó al fortalecimiento de las investigaciones.
El presupuesto autorizado no equivale al dinero efectivamente gastado, y tampoco sería correcto dividirlo entre las carpetas iniciadas para calcular automáticamente un costo por denuncia.
Pero sí existe una obligación fundamental: explicar con claridad qué resultados produce la inversión pública.
¿Cuántos agentes adicionales están investigando? ¿Cuántos peritos se incorporaron? ¿Cuánto disminuyó la carga de expedientes? ¿Qué resultados pueden atribuirse a los recursos destinados a fortalecer las capacidades ministeriales?
Son preguntas que requieren respuestas documentadas, no solamente incrementos porcentuales.
¡UNA IMPUNIDAD HEREDADA QUE SIGUE EXIGIENDO RESULTADOS!
Durante la comparecencia se recordó que Morelos registró un índice de impunidad penal institucional de 97.61 por ciento en una evaluación correspondiente a 2024.
Es indispensable precisar que ese indicador es anterior al nombramiento de Fernando Blumenkron, ocurrido el 13 de noviembre de 2025.
Por tanto, no puede atribuirse íntegramente a su administración.
Sin embargo, representa un antecedente de la magnitud del problema que recibió y permite formular una exigencia legítima: ¿qué evidencia está produciendo la nueva gestión para demostrar que comienza a revertirlo?
El rezago tampoco es menor. Los registros estadísticos correspondientes a 2025 contabilizaron 64 mil 488 procedimientos pendientes de concluir en Morelos.
La Fiscalía actual no generó necesariamente todos esos expedientes, pero tiene la responsabilidad de transparentar cómo evoluciona el inventario de investigaciones y qué proporción está logrando resolver.
¡MINISTERIOS PÚBLICOS REBASADOS Y VÍCTIMAS QUE ENFRENTAN BARRERAS!
La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz cuestionó las condiciones laborales de los agentes del Ministerio Público, el volumen de expedientes y la necesidad de mejorar sus remuneraciones.
La sobrecarga institucional constituye un problema que puede afectar los tiempos de investigación, la atención a las víctimas y la calidad de las diligencias.
En otro frente, el diputado Alberto Sánchez Ortega preguntó si la Fiscalía dispone de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, documentos en braille, formatos accesibles y condiciones adecuadas para atender a personas con discapacidad.
Los cuestionamientos muestran que la eficacia de una Fiscalía no se mide exclusivamente por las detenciones: también depende de que cualquier persona pueda denunciar, recibir información y participar en su procedimiento sin enfrentar barreras institucionales.
¡CASOS DE ALTO IMPACTO TAMBIÉN EXIGEN RESPUESTAS!
El diputado Luis Eduardo Pedrero González solicitó información sobre la explosión de una pipa de gas LP en la colonia Las Granjas y la agresión armada contra el exlegislador Faustino Javier Estrada González.
Ruth Rodríguez López, por su parte, exigió fortalecer la investigación de los delitos que afectan a Cuautla y a la zona oriente.
Nayla Carolina Ruíz también cuestionó los hechos registrados en Totolapan, donde tres agentes ministeriales fueron retenidos por pobladores y estuvieron en riesgo.
Estos planteamientos evidencian la necesidad de que la rendición de cuentas permita conocer el estado procesal de investigaciones concretas, sin comprometer diligencias reservadas ni vulnerar derechos de las personas involucradas.
¡MÁS CATEOS, MÁS DETENCIONES, PERO EL REZAGO SIGUE BAJO ESCRUTINIO!
La Fiscalía informó incrementos de 71 por ciento en cateos, 30 por ciento en órdenes de aprehensión cumplimentadas, 19 por ciento en sentencias condenatorias y 14 por ciento en judicializaciones.
También reportó 589 cateos, 427 órdenes de aprehensión cumplimentadas y más de 41 mil dictámenes periciales.
Estos datos permiten reconocer una mayor actividad institucional respecto de los periodos utilizados para su comparación.
No obstante, el incremento de actuaciones no equivale automáticamente a una reducción de la impunidad.
Para comprobar una mejora estructural sería necesario conocer qué investigaciones originaron esas actuaciones, cuántas concluyeron con resultados judiciales, cuántas víctimas recibieron reparación del daño y cómo evolucionó el rezago.
El propio fiscal reconoció que la institución atraviesa un proceso de reconstrucción y que enfrenta desafíos importantes.
La complejidad de ese proceso es real, pero también lo es la necesidad de publicar información suficiente para evaluar sus resultados.
EL CONGRESO EXIGIÓ CUENTAS; LA SIGUIENTE PRUEBA SERÁ COMPROBAR LOS RESULTADOS
La comparecencia exhibió dos visiones sobre la procuración de justicia en Morelos.
Por un lado, legisladores de distintas bancadas reclamaron explicaciones sobre impunidad, desapariciones, extorsión, feminicidios, presupuesto y atención a víctimas.
Por otro, el coordinador de Morena, Rafael Reyes Reyes, defendió la unidad institucional y rechazó convertir la sesión en un enfrentamiento político.
Ambas posiciones forman parte del debate legislativo. Sin embargo, la colaboración entre poderes no elimina la obligación de fiscalizar a un organismo autónomo que administra recursos públicos y toma decisiones fundamentales para miles de víctimas.
La autonomía de la Fiscalía debe acompañarse de transparencia, resultados comprobables y rendición de cuentas.
Fernando Blumenkron Escobar encabeza una institución con problemas acumulados durante años. Su administración ha reportado avances operativos y judiciales que deben ser considerados, pero la información pública disponible todavía deja sin resolver una pregunta central:
¿Cuántas familias de Morelos están obteniendo justicia gracias a las acciones emprendidas y cuánto se ha reducido realmente el rezago de investigaciones?
La próxima comparecencia no tendría que limitarse a informar cuántas carpetas se abrieron, cuántos cateos se realizaron o cuántas personas fueron detenidas.
Debería mostrar cuántas investigaciones pendientes se resolvieron, cuántos casos llegaron a sentencia, cuántas víctimas obtuvieron reparación y qué resultados concretos produjo el presupuesto ejercido.
Porque en Morelos, detrás de cada expediente que no avanza, existe una víctima que espera respuestas. Y detrás de cada cifra que presume la Fiscalía debe existir información suficiente para demostrar qué cambió realmente.
La pregunta que queda frente al fiscal no es cuánto ha trabajado su institución, sino cuánto ha logrado transformar la realidad de quienes siguen esperando justicia.










