¡NO PARAN LOS ESCÁNDALOS EN LA MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS! MUERTES, ACOSO Y MILLONES BAJO OBSERVACIÓN SACUDEN A LA UAEM; CRECE LA EXIGENCIA DE RENUNCIA DE LA RECTORA

La administración de Viridiana Aydeé León Hernández vuelve al centro de la polémica. Una nueva denuncia por presunto hostigamiento laboral en Ciencias del Deporte se suma a los asesinatos de estudiantes, protestas por violencia sexual, separaciones de funcionarios y casi cuatro millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación. La comunidad universitaria exige respuestas y el Consejo Universitario enfrenta cuestionamientos sobre su papel como órgano de vigilancia.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) parece atrapada en una interminable cadena de crisis que ha convertido a la máxima casa de estudios en escenario de protestas, denuncias, indignación y profundas dudas sobre su conducción institucional. Bajo la administración de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, los acontecimientos de 2026 han colocado sobre la mesa una pregunta que ya no puede despacharse con comunicados: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse una Rectoría enfrentada a semejante acumulación de conflictos?

El episodio más reciente estalló en la Facultad de Ciencias del Deporte, donde trabajadores administrativos afiliados al Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM (STAUAEM) se concentraron para denunciar presunto acoso y hostigamiento laboral contra una compañera. La movilización obligó a una reunión encabezada por la dirigente sindical Victoria Morelos Domínguez con autoridades de la Facultad, tras la cual medios locales informaron que se acordó separar de sus funciones a la jefa directa señalada, mientras se formaliza y da seguimiento a la denuncia.

La noticia vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de respuesta de la administración central. ¿Por qué tiene que intervenir un sindicato y producirse una protesta para que una denuncia laboral adquiera visibilidad y se anuncien medidas de protección? ¿Cuándo tuvieron conocimiento las autoridades universitarias? ¿Quién investigará los hechos y qué garantías tendrá la trabajadora para evitar represalias? Son interrogantes que Rectoría debe esclarecer públicamente, sin vulnerar los derechos de las personas involucradas.

El nuevo conflicto no llega en un momento cualquiera. La UAEM arrastra las consecuencias de un año marcado por asesinatos de estudiantes, un prolongado paro universitario, denuncias de hostigamiento y cuestionamientos sobre la seguridad. En marzo, la comunidad estudiantil salió a las calles tras los casos de Kimberly Joselín Ramos y Karol Toledo, reclamando justicia, medidas efectivas de protección y cambios en la conducción universitaria. Algunos grupos estudiantiles llegaron a exigir expresamente la destitución de Viridiana León.

Y mientras las protestas sacudían los espacios académicos, la tragedia continuó golpeando a las familias. En junio se conoció la muerte de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna de bachillerato de la UAEM, después de haber sido reportada como desaparecida. En septiembre, el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio, provocó una nueva conmoción y tuvo repercusiones internacionales: la Universidad de Granada canceló la estancia prevista de otros tres estudiantes en Morelos.

La responsabilidad penal por esos crímenes corresponde a sus autores, no puede atribuirse automáticamente a la rectora. Sin embargo, la respuesta universitaria en materia de prevención, seguridad, acompañamiento a las familias y atención de riesgos sí forma parte de las responsabilidades que deben examinarse. Una universidad no tiene facultades para sustituir a la Fiscalía, pero tampoco puede desentenderse de la protección de su comunidad.

A este panorama se suman las denuncias de violencia y hostigamiento dentro de la propia institución. En abril, la Facultad de Nutrición fue escenario de otra controversia que derivó en la salida de su directora, mientras un funcionario del área de Infraestructura se separó temporalmente de sus funciones durante una investigación. También se dieron a conocer medidas relacionadas con señalamientos de posibles represalias. Son procedimientos distintos, que requieren resoluciones individuales, pero cuya acumulación obliga a revisar el funcionamiento de los controles institucionales.

El contraste resulta particularmente incómodo porque la UAEM cuenta desde finales de 2024 con un Protocolo para la Cultura de Paz, Prevención y Atención a las Violencias. Ese instrumento contempla medidas de protección, investigación, asistencia y prevención de represalias. El desafío ya no consiste únicamente en anunciar protocolos, sino en acreditar que funcionan, que las personas denunciantes reciben protección y que las investigaciones terminan en resoluciones fundadas.

Pero detrás de las denuncias laborales existe otro frente que exige respuestas contundentes: el manejo del dinero público. La Auditoría Superior de la Federación, en su revisión de la Cuenta Pública 2024, identificó un posible daño a la Hacienda Pública por 3 millones 996 mil 346.69 pesos, equivalente al 0.2 por ciento de los recursos auditados. El informe derivó en observaciones y acciones de fiscalización que obligan a la institución a aclarar documentalmente el destino y ejercicio de esos recursos.

La precisión es importante: las observaciones no demuestran por sí mismas que la rectora haya cometido corrupción o desviado personalmente esos recursos. La ASF también consideró razonable, en términos generales, el ejercicio presupuestal, con las excepciones señaladas. Sin embargo, los casi cuatro millones de pesos pendientes de aclaración constituyen un motivo suficiente para exigir cuentas detalladas a quienes administran la Universidad.

Aquí surge otra pregunta para el Consejo Universitario: ¿se ha exigido un informe público sobre esas observaciones? ¿Se conoce quién autorizó las operaciones cuestionadas? ¿Qué procedimientos abrió el Órgano Interno de Control y cuáles son sus resultados? La autonomía universitaria protege la libertad académica y el gobierno interno, pero no significa opacidad ni inmunidad frente a la fiscalización.

La dimensión de la crisis quedó reflejada incluso fuera del país. El asesinato de Claudia Tacoronte no solamente provocó indignación en Morelos: llevó a una universidad española a suspender intercambios y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad para quienes llegan a estudiar a México. La decisión de la Universidad de Granada, confirmada el 14 de septiembre, es un antecedente particularmente relevante para evaluar las consecuencias académicas de la inseguridad.

El Consejo Universitario, máxima instancia colegiada de la UAEM, también se encuentra frente a una responsabilidad institucional. Su función no puede limitarse a observar los conflictos o respaldar declaraciones oficiales. Debe revisar resultados, exigir informes, garantizar investigaciones independientes y establecer mecanismos de seguimiento que permitan conocer si las medidas anunciadas se cumplen.

La eventual salida de Viridiana Aydeé León Hernández tiene dos dimensiones diferentes: la renuncia como decisión de responsabilidad institucional y una posible remoción conforme a las causales y procedimientos previstos en la Ley Orgánica. El Consejo no puede destituirla arbitrariamente por la existencia de protestas o señalamientos; cualquier determinación debe estar debidamente fundada. Pero esa limitación legal tampoco impide exigir explicaciones y someter su administración a un escrutinio riguroso.

Lo verdaderamente preocupante es que cada nuevo caso parece abrir otra herida antes de que hayan cerrado las anteriores. Las familias siguen reclamando justicia por sus hijas, estudiantes exigen seguridad, trabajadoras denuncian hostigamiento y la fiscalización federal mantiene interrogantes sobre recursos públicos. Son problemas de distinta naturaleza, pero convergen en una misma necesidad: una administración universitaria capaz de responder con transparencia, protección efectiva y resultados comprobables.

La Rectoría sostiene compromisos institucionales contra la violencia y a favor de la rendición de cuentas. Esos compromisos deben contrastarse ahora con expedientes, cifras de denuncias atendidas, sanciones sustentadas, medidas de seguridad verificables y aclaraciones financieras completas.

La máxima casa de estudios de Morelos no necesita otra fotografía institucional ni un comunicado cargado de promesas. Necesita respuestas. La comunidad universitaria tiene derecho a conocer qué ocurrió, qué se investigó, quién fue responsable de cada irregularidad acreditada y qué medidas impedirán que vuelva a suceder.

La pregunta sobre la permanencia de Viridiana León ya forma parte del debate universitario. Resolverla exige escuchar a la comunidad, examinar la actuación de Rectoría y respetar el marco legal. Lo que no admite más demora es la rendición de cuentas.

Porque cuando una universidad acumula protestas, denuncias, víctimas y recursos por aclarar, el problema deja de medirse únicamente por el número de escándalos y comienza a medirse por la calidad de las respuestas de quienes tienen la obligación de gobernarla.