José Luis Urióstegui Salgado volvió a poner sobre la mesa el discurso de la prevención del delito y llamó a convertirla en una tarea de toda la comunidad, pero el propio dato presentado por su administración revela la dimensión del problema que todavía enfrenta Cuernavaca: 79.8 por ciento de la población manifestó sentirse insegura durante junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.
Sí, hubo una reducción de cuatro puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, y el alcalde tiene razón al señalar que representa un avance; sin embargo, sería políticamente cómodo convertir esa disminución en una victoria. La realidad es mucho más dura: casi ocho de cada diez habitantes continúan percibiendo inseguridad en la capital morelense.
Y ahí está el verdadero desafío para Urióstegui, porque ya no se trata de un gobierno recién llegado que pueda pedir tiempo para corregir inercias. Después de prácticamente cinco años al frente del Ayuntamiento, la ciudadanía tiene derecho a preguntar si la estrategia de seguridad municipal está funcionando con la contundencia que exige una ciudad que durante años ha padecido robos, asaltos, violencia, extorsiones y otros delitos que alimentan diariamente el miedo social.
El alcalde encabezó la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública y habló de coordinación entre autoridades y ciudadanos, de Redes de Mujeres Constructoras de Paz, Comités de Vigilancia Vecinal y acciones preventivas. También destacó que el alumbrado, la limpieza, los espacios públicos y los programas sociales forman parte de una estrategia integral. Todo eso puede y debe hacerse, pero el ciudadano no evalúa a su gobierno por el número de reuniones realizadas ni por la cantidad de funcionarios sentados alrededor de una mesa: lo evalúa por la seguridad que siente cuando sale de su casa y por la certeza de que podrá regresar con bien.
El marco constitucional y la legislación municipal establecen responsabilidades concretas para los ayuntamientos en materia de seguridad pública y prevención. Por eso, llamar a la participación ciudadana es importante, pero no puede convertirse en una manera de trasladar a los vecinos una responsabilidad que también corresponde directamente a las autoridades. La participación social ayuda; la autoridad debe hacer su parte con policías preparados, vigilancia efectiva, inteligencia, prevención focalizada, recuperación de espacios, atención a zonas de riesgo y coordinación real con las instituciones responsables de investigar y perseguir los delitos.
Y aquí está el punto que resulta imposible esquivar: si después de casi cinco años de administración 79.8 por ciento de los ciudadanos todavía se siente inseguro, algo tiene que cambiar. No necesariamente significa que todos los delitos hayan aumentado —ese dato requiere analizar las cifras oficiales específicas de cada ilícito—, pero sí demuestra que la estrategia todavía no consigue generar en la mayoría de la población la sensación de seguridad que una administración municipal debería buscar.
Urióstegui reconoció que la disminución de cuatro puntos no es motivo para conformarse. Esa frase, más que cualquier discurso triunfalista, debería convertirse en el punto de partida para una revisión profunda. Porque mientras las autoridades celebran pequeños avances, el crimen no se detiene para esperar la siguiente sesión del consejo.
El llamado “pequeño Porfirio Díaz” puede ser una etiqueta política utilizada por sus adversarios, pero el verdadero juicio sobre un gobierno largo no lo determina un apodo: lo determina la realidad de las calles y la percepción de sus habitantes. Un gobierno con años de experiencia en el territorio ya conoce las colonias conflictivas, los puntos donde se concentra la incidencia, las necesidades de su policía y las fallas de sus mecanismos de prevención. Por eso, a estas alturas, la ciudadanía no solamente puede exigir explicaciones: puede exigir resultados.
Cuernavaca necesita menos autocomplacencia y más eficacia. Necesita que la prevención ocurra antes del delito y no únicamente después de que una víctima levanta la voz. Necesita policías cercanos, capacidad de reacción, coordinación institucional y una estrategia que pueda demostrar con indicadores claros dónde se está ganando terreno y dónde se está perdiendo.
Porque al final, la seguridad no se construye con discursos, fotografías ni reuniones. Se construye cuando el ciudadano puede caminar por su colonia, abrir su negocio, utilizar el transporte, acudir a un restaurante, regresar de trabajar y llegar a casa sin sentir que está jugando a la ruleta con la delincuencia.
Y mientras 79.8 por ciento de los capitalinos continúe sintiéndose inseguro, José Luis Urióstegui todavía tiene una cuenta pendiente con Cuernavaca: demostrar que su estrategia de prevención realmente está logrando arrebatarle terreno al miedo y, sobre todo, al delito.
