Mientras las familias buscan a sus desaparecidos y el tiempo corre en su contra, la Fiscalía General del Estado de Morelos acumula cuatro años sin responder solicitudes de información sobre fosas clandestinas. La opacidad impide conocer con precisión cuántas existen, dónde fueron localizadas y en qué municipios se concentra este fenómeno.
“El tiempo es solo un expediente que acumula polvo; pero, para las víctimas, el tiempo lo es todo”. La frase resume el drama que enfrentan cientos de familias en Morelos, donde la búsqueda de personas desaparecidas choca contra una Fiscalía que durante casi media década ha mantenido bajo una pesada cortina de silencio la información sobre fosas clandestinas.
En agosto de 2026, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana presentó el informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza, un recuento nacional de fosas clandestinas entre enero de 2006 y septiembre de 2024. El estudio documentó que las 32 fiscalías del país reportaron, en conjunto, 5 mil 152 fosas y 5 mil 718 cuerpos, mientras que la prensa registró 3 mil 516 fosas, 8 mil 341 cuerpos y 52 mil 305 restos.
El dato que golpea a Morelos no es necesariamente el número de fosas que aparecen en los registros nacionales, sino algo todavía más preocupante: la Fiscalía estatal no permite conocer con claridad cuál es la dimensión real del problema.
De acuerdo con el diagnóstico Enterrar la verdad, presentado por la Plataforma Ciudadana de Fosas —integrada por la Ibero, Data Cívica y Artículo 19—, Morelos lleva cuatro años consecutivos sin responder las solicitudes de información relacionadas con fosas clandestinas.
En 2024 y nuevamente en 2025, la Fiscalía General del Estado no entregó el desglose solicitado y remitió a información del INEGI donde esos datos no se encuentran. En ejercicios anteriores, la institución se declaró incompetente, argumentó que la información estaba reservada o remitió a un mapa de la Comisión Nacional de Búsqueda que actualmente ya no se encuentra disponible.
Así, mientras otras entidades permiten construir estadísticas para saber dónde, cuándo y cuántas fosas clandestinas han sido localizadas, Morelos aparece prácticamente como un territorio en blanco en esa fotografía nacional.
Y eso no significa que el problema no exista.
Una segunda fuente, Morelos Rinde Cuentas, reportó con información entregada por la propia Fiscalía que entre 2016 y 2025 fueron contabilizadas 184 fosas y 201 cuerpos en 23 municipios. Yecapixtla, Cuautla, Xochitepec, Puente de Ixtla, Temixco, Jojutla y Amacuzac concentran buena parte de esos registros.
La diferencia entre ambas cuentas deja al descubierto el problema: existen datos dispersos, pero no una serie pública, completa y comparable que permita saber cuál es la verdadera dimensión de las fosas clandestinas en Morelos.
Y mientras los números se pierden entre oficios, solicitudes, respuestas incompletas y expedientes, las familias siguen buscando.
El fantasma de Tetelcingo continúa presente. El 28 de marzo de 2014, cerca de 150 cuerpos fueron inhumados en una fosa común del panteón de Tetelcingo, en Cuautla, durante el gobierno de Graco Ramírez y bajo la entonces Procuraduría de Justicia. La posterior exhumación, realizada en 2016, reveló un caso que se convirtió en símbolo nacional de las irregularidades en el manejo e identificación de cuerpos.
Años después, el expediente continúa dejando heridas abiertas. El 8 de diciembre de 2025, un juez no vinculó a proceso a Yolanda Fabiola Barajas Martínez, excoordinadora de Servicios Periciales, al considerar prescritos los delitos imputados. Para las familias, sin embargo, el paso del tiempo no significa que el dolor haya prescrito.
En Jojutla, el panorama tampoco ha terminado. Las intervenciones realizadas en el panteón Pedro Amaro durante 2017, 2022, 2024, 2025 y 2026 han vuelto a revelar la necesidad de continuar con trabajos de búsqueda y recuperación de restos humanos, contradiciendo en distintos momentos la idea de que el sitio ya había sido completamente revisado.
Y detrás de cada excavación hay una familia esperando.
Es el caso de Erika Alcántara García, quien desde el 16 de abril de 2021 busca a su hermano Omar Briseño García, desaparecido en San Miguel 30, municipio de Tlaltizapán. Existe una denuncia y una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, pero Omar continúa sin ser localizado.
Cinco años después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está?
El caso fue expuesto durante el foro Desapariciones forzadas y otras violencias en razón de género, realizado el 21 de agosto de 2026, donde integrantes de colectivos de búsqueda insistieron en la necesidad de investigar las desapariciones con perspectiva de género y sin esperar a que el tiempo borre evidencias.
Porque el problema no termina con encontrar una fosa. Después viene la identificación, la investigación, la búsqueda de responsables y, sobre todo, el derecho de las familias a recuperar a sus seres queridos.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportaba en junio de 2026 2 mil 103 personas no localizadas en Morelos, entre ellas mil 479 hombres y 622 mujeres.
Son más de dos mil historias que siguen abiertas.
Y en medio de ellas permanece una pregunta incómoda para la Fiscalía de Morelos: ¿por qué durante cuatro años no ha podido entregar la información que permita saber cuántas fosas clandestinas existen en el estado?
Fernando Blumenkron Escobar asumió la titularidad de la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2025, con un periodo de nueve años. Su administración ha sostenido reuniones con colectivos y anunciado avances en materia forense, pero la transparencia sobre las fosas clandestinas continúa pendiente.
La institución habla de avances; las familias hablan de años.
La Fiscalía habla de expedientes; las familias hablan de desaparecidos.
Y mientras el reloj avanza, cada día que pasa puede significar una pista perdida, una evidencia deteriorada y otra familia condenada a seguir preguntando dónde está su ser querido.
En Morelos, el silencio sobre las fosas clandestinas también es información.
Porque cuando una Fiscalía no dice cuántas fosas tiene registradas, dónde están ni cuándo fueron encontradas, el problema no desaparece: simplemente queda enterrado bajo otra capa de silencio
Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
Oic Fiscalía Morelos
Fiscalia
