Por: Roberto Albarrán
Mientras el pueblo de Morelos trabaja jornadas completas por salarios que apenas alcanzan para sobrevivir, dentro del Congreso hay sindicalizados que cobran como altos funcionarios, reciben fiestas, excursiones, juguetes, bonos y descansos pagados con dinero público. Si quieren más privilegios, primero que demuestren preparación, productividad y resultados.
El Sindicato del Congreso del Estado de Morelos pretende presentarse como víctima de una supuesta falta de atención a sus demandas laborales, pero los documentos oficiales retratan una realidad muy distinta: una estructura privilegiada, costosa y completamente alejada de las condiciones que enfrentan miles de trabajadores en la entidad.
El tabulador vigente contempla plazas sindicalizadas con percepciones netas mensuales de hasta 63 mil 600 pesos, además de puestos con ingresos de 55 mil, 54 mil, 53 mil, 48 mil y 47 mil pesos.
No son salarios de supervivencia. Son ingresos que se acercan a los de funcionarios de alto nivel, pagados con los impuestos de ciudadanos que muchas veces no cuentan con seguridad social, estabilidad laboral ni prestaciones mínimas.
Y eso es apenas el comienzo.
El convenio sindical incluye vales de despensa, apoyos para lentes, útiles escolares, estudios, uniformes, actividades deportivas, CENDI, viáticos, excursiones y juguetes para el Día del Niño y Día de Reyes.
También se destinan recursos públicos para festejar el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Secretaria, el aniversario del sindicato y la fiesta de fin de año.
A ese paquete se suman 90 días de aguinaldo, incrementos por antigüedad de hasta 40 por ciento del sueldo base y hasta un día de descanso por cumpleaños.
En pocas palabras: sueldo elevado, prestaciones extraordinarias, festejos, beneficios familiares, recreación y descansos adicionales, todo financiado por el pueblo.
¿Y LOS RESULTADOS?
La discusión ya no puede centrarse únicamente en cuánto dinero quieren recibir.
La verdadera pregunta es cuánto producen, qué preparación tienen, qué funciones realizan y qué resultados entregan a la ciudadanía quienes forman parte de esta estructura sindical.
Porque cobrar como servidor público de primer nivel debería exigir conocimientos, experiencia, responsabilidad, actualización permanente y eficiencia del mismo nivel.
No basta con tener una plaza.
No basta con acumular años.
No basta con pertenecer a un sindicato.
El Congreso debe informar cuántos trabajadores cumplen realmente con el perfil académico y profesional de sus puestos, cuántos han sido evaluados, cuáles son sus jornadas efectivas, qué productividad registran y cuántas funciones podrían realizarse con una estructura más austera.
Si existen empleados que cobran más de 40, 50 o 60 mil pesos mensuales, la sociedad tiene derecho a conocer qué trabajo especializado justifica esas percepciones.
PRIVILEGIOS QUE NO ESTÁN EN RIESGO
Otro elemento que desmonta cualquier discurso de alarma es que el propio convenio establece que las prestaciones continúan vigentes mientras no sea firmado un nuevo instrumento.
Es decir, los derechos reconocidos no desaparecen al terminar el año calendario.
Los trabajadores sindicalizados no se quedan sin salario, aguinaldo, vales o beneficios por la ausencia inmediata de un nuevo convenio. Las condiciones permanecen hasta que sean sustituidas formalmente.
Por eso, la presión para obtener nuevas mejoras no puede disfrazarse como una defensa urgente de derechos en peligro.
Lo que está en discusión es si el Congreso debe seguir ampliando un régimen que ya se encuentra muy por encima de la realidad laboral de la mayoría de los morelenses.
EL PUEBLO PAGA LA FIESTA
Cada peso destinado a salarios, bonos, festejos, juguetes, excursiones, viáticos y apoyos especiales deja de estar disponible para otras necesidades públicas.
Morelos enfrenta carencias en hospitales, escuelas, seguridad, caminos, agua potable y atención a comunidades marginadas. Mientras tanto, en el Congreso existe una nómina sindical con beneficios que muy pocos trabajadores podrían imaginar.
Una familia que vive con el salario mínimo no recibe 90 días de aguinaldo.
Una comerciante no obtiene un día libre pagado por su cumpleaños.
Un campesino no recibe apoyo para excursiones, fiestas o regalos.
Un albañil no cuenta con incrementos automáticos de hasta 40 por ciento por antigüedad.
Sin embargo, todos contribuyen con impuestos para sostener ese esquema.
QUE ABRAN LOS EXPEDIENTES
Si el sindicato considera que sus exigencias son legítimas, debe aceptar la misma transparencia que reclama.
Que se hagan públicos los perfiles de puesto.
Que se informe la preparación académica.
Que se exhiban horarios, funciones y resultados.
Que se explique por qué existen plazas con sueldos superiores a los de muchos profesionistas especializados.
Que se revele cuánto cuestan anualmente todas las prestaciones y festejos contemplados en el convenio.
Y que se identifique cuántos trabajadores sindicalizados están asignados a cada área y qué labor concreta desempeñan.
Los derechos laborales deben protegerse, pero el sindicalismo no puede convertirse en un escudo para evitar evaluaciones, esconder ineficiencias o eternizar privilegios.
COBRAR COMO ÉLITE OBLIGA A RESPONDER COMO ÉLITE
La sociedad morelense no cuestiona que un trabajador tenga un salario digno. Lo que resulta ofensivo es que una estructura ampliamente beneficiada siga demandando más recursos sin presentar públicamente una evaluación seria de su utilidad, preparación y desempeño.
El dinero del Congreso no pertenece a los diputados ni al sindicato.
Pertenece al pueblo.
Y el pueblo tiene derecho a preguntar por qué algunos trabajadores públicos reciben salarios y prestaciones de élite mientras miles de familias viven al día.
Si el Sindicato del Congreso quiere seguir cobrando como una élite privilegiada, tendrá que demostrar que trabaja, se prepara y produce como una élite. De lo contrario, sus nuevas exigencias no parecerán una defensa laboral, sino el intento de seguir exprimiendo un presupuesto que pagan todos los morelenses.
