La iniciativa reconoce libre determinación, autonomía, territorio, justicia propia, lenguas, cultura y derechos colectivos para comunidades indígenas y afromexicanas.
Un paso histórico para los pueblos originarios y afromexicanos del país comenzó a tomar forma con la construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, proyecto que busca transformar la relación entre el Estado mexicano y las comunidades históricamente excluidas.
El Gobierno de Morelos participó en la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, donde más de 180 consejeras y consejeros analizaron la propuesta normativa que será sometida a consulta previa, libre e informada en más de 17 mil comunidades indígenas y afromexicanas del país, mediante 80 asambleas regionales.
La propuesta plantea un cambio de fondo: reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, libre determinación, autonomía y capacidad para decidir sobre su vida comunitaria, sus autoridades, sus recursos y su futuro.
Entre los ejes más importantes del proyecto destacan los derechos territoriales, el acceso a la justicia, los sistemas normativos propios, la educación intercultural, la salud y medicina tradicional, las lenguas indígenas, el patrimonio cultural y biocultural, así como la participación política y el derecho a la consulta.
También se contemplan mecanismos de protección para mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas en situación de vulnerabilidad y comunidades indígenas y afromexicanas migrantes, con el objetivo de combatir la discriminación, el racismo y la marginación estructural que han enfrentado durante siglos.
Desde Morelos, el Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, encabezado por Adelaida Marcelino Mateos, acompañará el proceso de consulta en la entidad, respaldando la participación de las comunidades en una discusión que podría marcar un antes y un después en el reconocimiento pleno de sus derechos.
La presencia de representantes nacionales, legisladores, autoridades indígenas y figuras del Poder Judicial dio peso político e institucional a este proceso, que coloca en el centro una exigencia histórica: que los pueblos indígenas y afromexicanos dejen de ser vistos como sujetos de asistencia y sean reconocidos como protagonistas de su propio destino.
Con esta iniciativa, Morelos se suma a una agenda nacional que busca saldar una deuda histórica con las comunidades del México profundo, fortaleciendo su autonomía, su identidad, su territorio y su derecho a decidir.
