Por ROBERTO ALBARRAN
Más de 20 mil expedientes laborales permanecen sepultados entre burocracia y abandono; trabajadores podrían esperar hasta 40 años por justicia, mientras el rezago paraliza indemnizaciones, empresas, empleos e inversión en Morelos.
La Junta Local llegó a acumular más de 26 mil expedientes; pese a los avances anunciados, miles de trabajadores y empresas continúan atrapados en juicios iniciados antes de 2021, mientras el Gobierno evita revelar el tamaño actualizado del rezago.
Detrás del discurso oficial sobre una justicia laboral “cercana, eficiente y oportuna” permanece una realidad alarmante: miles de expedientes continúan amontonados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos, algunos con años de retraso y con trabajadores esperando indemnizaciones, salarios, prestaciones o la ejecución de laudos.
El rezago laboral llegó a superar los 26 mil expedientes. Al inicio de la actual administración se reportó la resolución de aproximadamente cuatro mil asuntos; sin embargo, para febrero de 2025 todavía permanecían 21 mil 970 casos pendientes.
La dimensión del problema fue reconocida por el propio secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, José Víctor Sánchez Trujillo, quien advirtió que, con las herramientas humanas y tecnológicas disponibles en ese momento, podrían necesitarse hasta cuatro décadas para terminar con el rezago.
Es decir, trabajadores que iniciaron sus demandas hace años podrían continuar esperando mientras sus expedientes pasan de escritorio en escritorio, las empresas acumulan contingencias financieras y la falta de certeza jurídica afecta la confianza para invertir, contratar personal y mantener fuentes de empleo.
Aunque las autoridades aseguran que se ha logrado reducir el número de casos activos a menos de 18 mil, la reunión encabezada este 17 de junio no presentó una cifra oficial actualizada, tampoco estableció una fecha definitiva para concluir los expedientes ni explicó cuántos trabajadores siguen esperando una resolución.
Durante 2025, la Junta Local informó la emisión de mil 95 laudos, la programación de mil 941 conciliaciones y la celebración de 284 convenios dentro de juicio, que generaron una derrama superior a 74 millones 313 mil pesos para trabajadores con procedimientos iniciados antes de 2021.
Los resultados representan un avance, pero también exhiben la magnitud de la deuda: aun manteniendo ese ritmo, la conclusión total de los asuntos pendientes requeriría varios años y una capacidad operativa mucho mayor.
El nuevo boletín gubernamental vuelve a hablar de reuniones, coordinación institucional y estrategias para cerrar etapas de instrucción, pero guarda silencio sobre los indicadores fundamentales: cuántos expedientes siguen abiertos, cuántos tienen más de cinco o diez años, cuántos laudos permanecen sin ejecutarse y cuál será el presupuesto destinado.
