En Morelos siguen matando a las mujeres, particularmente a universitarias. Y si se confirma que el cuerpo localizado en los límites de Tepoztlán y Yautepec corresponde a Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna de la UAEM reportada como desaparecida desde finales de mayo, entonces el llamado Plan Integral de Seguridad Universitaria quedó exhibido como lo que muchos temían: un anuncio vacío.
La gobernadora Margarita González Saravia y la rectora Viridiana Aydeé León Hernández formalizaron dicho plan con el discurso de proteger a la comunidad estudiantil, respetando la autonomía de la máxima casa de estudios. Se habló de arcos de seguridad, cámaras de videovigilancia, botones de pánico, nueve módulos de seguridad, presencia de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, alumbrado público y paraderos seguros.
Pero la pregunta es obligada: ¿dónde está todo eso?
Porque en los hechos, el plan parece no haberse implementado. Cero resultados visibles. Cero garantías reales. Cero capacidad preventiva. Mientras las autoridades presumen convenios, las estudiantes siguen desapareciendo, siguen caminando con miedo y siguen siendo víctimas de una violencia que no se combate con fotografías ni discursos.
La rectora Viridiana Aydeé León Hernández debe asumir su responsabilidad política e institucional. La UAEM no necesita simuladoras ni administradoras de crisis. Necesita una rectoría que defienda con firmeza a su comunidad y exija seguridad real, no una autoridad universitaria que se conforme con firmar convenios que no cambian nada.
Si no puede, que renuncie.
La comunidad universitaria ya salió a las calles, ya paró actividades, ya exigió seguridad. La respuesta fueron promesas, mesas, comunicados y compromisos. Hoy, la realidad vuelve a golpear: las universitarias siguen en riesgo.
No basta con lamentar. No basta con condenar. No basta con decir que “se trabaja en coordinación”. Cada estudiante desaparecida desnuda la ineptitud de quienes prometieron protegerlas y no cumplieron.
La exigencia es clara: implementación inmediata del Plan Integral de Seguridad Universitaria, resultados verificables, justicia para las víctimas y rendición de cuentas.
Porque cuando un Gobierno y la universidad anuncia un plan de seguridad y éste no se traduce en protección real, la simulación se convierte en irresponsabilidad.
Y si la rectora no está a la altura del dolor, del miedo y de la rabia de las estudiantes, entonces debe hacerse a un lado.
