Juan Emilio Elizalde se deslinda de las presuntas anomalías y apunta a la administración de Jorge Gamboa Olea; también salen a la luz pagos por internet, renta de inmueble y líneas telefónicas sin uso
Mientras el Poder Judicial de Morelos asegura enfrentar una crisis financiera y busca una ampliación presupuestal de 321 millones de pesos, nuevas observaciones encendieron el escándalo al revelar presuntos gastos que han causado indignación, entre ellos 800 mil pesos destinados a agua y refrescos para magistrados.
El caso sacudió al Tribunal Superior de Justicia luego de que el magistrado presidente, Juan Emilio Elizalde Figueroa, se deslindara de las observaciones emitidas por el Órgano de Administración Judicial y señalara que dichas erogaciones corresponden a la gestión de su antecesor, Jorge Gamboa Olea.
Pero el gasto en bebidas no sería el único foco rojo. Entre los señalamientos también aparecen pagos por más de medio millón de pesos en servicio de internet, el arrendamiento por 10 años de un inmueble en Jiutepec y líneas telefónicas que, pese a estar contratadas, presuntamente no tenían uso.
La polémica estalla en el peor momento para el Poder Judicial, que por un lado advierte falta de recursos y por otro enfrenta cuestionamientos por gastos que hoy quedan bajo la lupa pública. La contradicción ha provocado molestia, pues mientras se solicita más dinero al Ejecutivo, salen a relucir erogaciones que levantan serias dudas sobre el manejo administrativo al interior del TSJ.
Elizalde Figueroa buscó marcar distancia del escándalo y afirmó que, en los primeros meses de su administración, se logró un ahorro de 11 millones de pesos. Sin embargo, el deslinde no apaga la controversia ni las preguntas sobre quién autorizó, quién pagó y quién se benefició de estos gastos observados.
El señalamiento de los 800 mil pesos en agua y refrescos se suma a una cadena de presuntas irregularidades que golpean la credibilidad del Poder Judicial de Morelos y aumentan la exigencia ciudadana de transparencia, rendición de cuentas y revisión a fondo de los contratos heredados.
En medio de la crisis, el Tribunal queda nuevamente en el ojo del huracán: entre solicitudes millonarias, gastos cuestionados y señalamientos cruzados, el manejo del dinero público dentro del Poder Judicial vuelve a encender las alarmas.
