En el recinto legislativo, donde las cifras suelen quedarse en papel y los discursos transitan entre diagnósticos y promesas, la voz de la diputada Luz Dary Quevedo Maldonado irrumpió con un tono distinto: directo, incómodo y con una carga de urgencia que evidenció una realidad que, lejos de mejorar, parece haberse agravado con el paso de los años.
Desde tribuna, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano colocó el tema en su punto más crítico: Morelos no está en condiciones de abandonar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), cuando los feminicidios continúan posicionando a la entidad entre las más peligrosas del país para las mujeres. Su planteamiento fue claro: no se trata de revisar si se ha cumplido con un protocolo administrativo, sino de reconocer que la violencia sigue cobrando vidas.
El punto de acuerdo presentado no es menor. Propone extender la declaratoria de alerta a los 36 municipios del estado, rompiendo con el esquema vigente desde 2015, cuando solo ocho municipios fueron incluidos. Para la legisladora, aquella delimitación territorial ha quedado rebasada por una realidad que ya no distingue fronteras geográficas.
El trasfondo del debate revela una tensión estructural: por un lado, la narrativa institucional que apunta hacia una posible salida de la AVGM bajo el argumento del cumplimiento de medidas; por otro, los datos y testimonios que continúan evidenciando fallas profundas en la implementación de políticas públicas.
El señalamiento de Luz Dary no se limita a la denuncia política. Apunta a deficiencias documentadas: falta de información confiable, registros incompletos, capacitación insuficiente y una débil coordinación entre instituciones. Elementos que, de acuerdo con el Cuarto Dictamen del Grupo Interinstitucional (2023), han impedido que la alerta genere resultados sustantivos.
Pero el punto más delicado es otro: la distancia entre el discurso gubernamental y la realidad cotidiana. Mientras se habla de revisiones técnicas o de cerrar ciclos administrativos, la violencia sigue presente en calles, hogares y espacios públicos.
La intervención de la diputada también coloca el tema en un plano jurídico. Recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de actuar con debida diligencia, lo que implica prevenir, investigar, sancionar y reparar. Cuando esto no ocurre advirtió no es solo una falla operativa, es una omisión del Estado.
En términos políticos, la propuesta abre un debate inevitable: ¿es viable ampliar la AVGM a todo el estado sin antes corregir las fallas estructurales en su implementación? Y más aún, ¿qué implicaría reconocer que la violencia de género en Morelos no es un fenómeno focalizado, sino generalizado?
La discusión no es solo técnica, es profundamente simbólica. Ampliar la alerta significaría admitir que el problema ha escalado; resistirse a hacerlo podría interpretarse como una apuesta por la narrativa de control antes que por la evidencia.
Al final, el mensaje de la legisladora fue contundente: la violencia contra las mujeres no puede administrarse ni maquillarse. Es una crisis vigente que exige respuestas integrales, no ajustes parciales.
En un Congreso donde muchas veces los temas se diluyen, esta vez la tribuna se convirtió en un espejo incómodo. La pregunta que queda en el aire no es menor: ¿está el Estado dispuesto a reconocer la dimensión real del problema, o seguirá intentando salir de una alerta que, en los hechos, aún no ha sido superada❓
H. Congreso del Estado de Morelos.
Luz Dary Quevedo Maldonado?
